(Fotografía: Fuente El Comercio)
Más allá de lo anecdótico y risible que resulta el inocente error de la Presidencia del Consejo de Ministros en consignar el sobrenombre de “Siomi” a una resolución referida al primer ministro, Salomón Lerner, viene la pregunta de qué clase de funcionarios públicos tenemos.
Y no me refiero sólo a este gobierno, sino que esta deficiencia se observa desde administraciones pasadas, incluidos otros organismos del Estado como el bien ponderado Jurado Nacional de Elecciones (JNE) que publicó la “chapa” de “Damián” del ex presidente Alan García Pérez en una de sus resoluciones.
Se equivoca el redactor de El Comercio, Héctor Villalobos -de repente bisoño aunque no se escapa de responsabilidad por no chequear fuentes o leer un poco, ahora eso es más fácil con los buscadores electrónicos como Google- de sólo decir que esto es nuevo.
Chasco del JNE
El 16 de junio de 2009, el JNE publicó la resolución 403-2009, la cual resolvía declarar improcedente una solicitud del ciudadano Javier Azálgara, a fin de que se anule la inscripción de la candidatura de la plancha presidencial del Apra en el 2006 y, en consecuencia, se determine “la vacancia de Alan Damián García Pérez al cargo de Presidente de la República”.
El documento tuvo la firma del presidente del ente electoral, Hugo Sivina, así como del resto de magistrados.
El error fue corregido diez días después mediante una nueva resolución que declaraba nula la anterior. Esta vez se consignó “Alan Gabriel”, obviando el Ludwig.
¿Y cómo cometieron este error insignes y grandes abogados que conforman el JNE? ¿No que allí están los mejores letrados?
La Secretaría General de ese organismo debe explicar este “horror” y otros que cometió en las últimas elecciones municipales y generales que ocasionó más de un problema como la colocación de firmas en las actas electorales. Si algún periodista acucioso chequea estas deficiencias se encontrará con más de una sorpresa.
¿Principiantes?
Que no se diga, entonces, que estos errores lo provocan principiantes. No, señor. Lo generan ilustres profesionales con una serie de estudios académicos.
En el caso de “Siomi”, el último viernes 21 de octubre se publicó en el diario oficial El Peruano la Resolución Suprema 306-2011-PCM, la cual autorizó el viaje del presidente del Consejo de Ministros a EE.UU. El primer artículo dice: “Autorizar el viaje del señor Salomón Siomi Lerner Ghitis…”.
Diversas publicaciones dan como responsable de este “horror” al ex director de la Oficina General de Asesoría Jurídica de la PCM, Luis Alberto Meza. Ex porque según cuentan a don “Siomi” se le salió el indio, le llamó la atención y lo choteó con efecto.
El domingo 23 se publicó en “El Peruano” la Resolución Ministerial 278-2011-PCM, que sin darles las gracias por los servicios prestados lo puso de patitas en la calle a Meza y se encargó de manera interina el puesto a Julio Ernesto Salas Becerra.
Otras fuentes señalan que este distinguido señor también habría tenido responsabilidad en la Resolución Suprema 273-2011-PCM, que autorizó no sólo el viaje de la esposa del presidente, Nadine Heredia, sino a “la comitiva que acompañará a la primera dama de la Nación”.
El 21 de setiembre, la PCM rectificó el error y sacó la Resolución Suprema 278-2011-PCM, la cual precisaba doña Nadine y los funcionarios mencionados en la otra norma formaban parte de la delegación del presidente Humala.
¿Y cuáles son los méritos académicos de don Luis Alberto Meza? Agárrense. Tiene estudios de posgrado en Derecho en la Universidad de Maastricht (Holanda), en The London School and Economics and Political Science (Reino Unido), en la Universidad de California, Berkeley (EE.UU.) y en la organización AOTS (Japón).
Lo que demuestra que los títulos no hacen a las personas ni nada por el estilo. Por más que estudien o saquen Ph. o doctorados o maestrías, el que nació para bestia, bestia será. O mejor dicho en elegante lenguaje: lo que natura no da, Salamanca no presta. Es decir, lo que no se trae de nacimiento, no se obtiene con la práctica.
Lástima que el organigrama laboral el país está superditado a quienes muestran más
títulos académicos que habilidad y sentido común, así como alto niveles de moral y ética, para ocupar un puesto público.
El país sería otro si se buscarán personas con más habilidades naturales que estudios académicos. La acumulación de títulos no hacen las personas más inteligentes.
26/10/2011
iab
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